Marco Antonio Gandarillas Gonzáles – “Me era más fácil trabajar en las dictaduras que ahora” dijo en una entrevista hace pocos meses Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la luchadora por los derechos humanos más emblemática del país[1]. Lo dicho, resume muy bien el sentido de la lucha por los derechos humanos en los últimos años en Bolivia. Para la mayor parte de las históricas organizaciones de este país, que emergieron en resistencia a las dictaduras en los años 70, la situación es crítica ya que se enfrentan a restricciones y amenazas permanentes que provienen de las más altas autoridades del gobierno “democrático” de Evo Morales[2].
¿Qué ocurre cuando el marco de la transformación social es apropiado y reservado a la acción estatal? ¿qué ocurre cuando cualquier crítica social al poder es asumida por éste como un ataque que debe ser aniquilado? Tras más de 13 años en el poder, el gobierno boliviano ha subsumido casi por completo al Estado (incluyendo el poder legislativo, judicial y electoral) y desplegado estrategias para controlar por medios clientelares y, cuando estos han resultado insuficientes, por otros represivos, a gran parte de la sociedad civil del país. Estamos ante un momento crítico, en el que el marco de acción transformadora se encuentra severamente restringido y en el que se batallan cotidianamente el ejercicio de derechos fundamentales. Una verdadera paradoja que tras una década de aprobada de nueva constitución (2009), en la que se reconoce un catálogo amplísimo de derechos humanos, incluyendo derechos colectivos que debían haber sido desplegados, en lugar de eso éstos hayan quedado en solo un texto escrito que no se cumple en los hechos.
Para comprender lo que ello supone en la acción de las ONG, es necesario repasar brevemente la diversidad de actores de la sociedad civil vinculada a la cooperación internacional en Bolivia. Rodríguez-Carmona (2009, 50) clasificó las tendencias dominantes de la acción de las ONG bolivianas entre el surgimiento y el periodo inicial del gobierno de Morales. Observó cuatro periodos: 1. Dictaduras militares, 2.Recuperación de la democracia y ajuste estructural (1983-1993), 3. Reformas para institucionalizar canales de participación social (1994-2002) y 4. Crisis de gobernabilidad y discusión de reglas de juego (2003-2006).
En el primer periodo la principal función de las ONG se caracterizó por la “concienciadora” con roles de organizar la resistencia civil y promover la educación popular; en el segundo periodo las funciones más significativas fueron “política, innovadora y supletoria (del Estado)”, con roles como la articulación de demandas sociales, la promoción del desarrollo rural y la provisión de servicios básicos. En el tercer periodo, las funciones se concentraron en la “supletoria (del Estado y el sector privado) y la innovadora” con roles mucho más diversificados relacionados con la provisión de servicios básicos, técnicos, financieros, promoción de potenciales de desarrollo económico, el acceso a mercados, etc. Finalmente, en el cuarto periodo las funciones se debatieron entre “supletoria (Estado, sector privado y sociedad civil), la política y la concienciadora. Este autor remarca que entre los roles emergentes o potenciados en este periodo están el “acompañamiento a movimientos sociales y organizaciones de base; generar información y análisis de calidad, incidencia política, promover participación política (de sectores pobres)” entre otros. Lo que muestra que el proceso conllevó una complejización y diferenciación de los actores y sus agendas.
Con la llegada de Morales al poder, un representativo grupo de representantes y miembros de ONG se enlistaron en altos cargos de gobierno[3]. En poco tiempo, a través de esta migración, el gobierno absorbió las agendas sociales y los canales de crítica social, disminuyendo la capacidad de exigibilidad de derechos. La estrategia desplegada fue el control y sumisión de lo social, independiente y crítico.
Desde el año 2010, existe un proceso de clasificación estatal de lo necesario e innecesario en materia de ONG[4]. En criterio del gobierno, la áreas prioritarias de la cooperación serían la caridad y el asistencialismo. Tal es así que la norma que regula la personalidad jurídica de las entidades sin fines de lucro (Ley 351, marzo 2013) define del siguiente modo a las ONG: “son aquellas entidades de derecho privado, que poseen una naturaleza de servicio social, de asistencia, beneficencia…”[5]. Lo que representa un desconocimiento de la existencia de ONG con diversos roles mas allá del asistencialismo, como son la exigibilidad de derechos humanos y, por tanto, representa una limitación legal a la propia defensa de derechos humanos en Bolivia.
El mismo año en que se emitió esta norma se desplegaron otros mecanismos de restricción al trabajo de las ONG de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, en este marco, el hecho más significativo fue la expulsión de IBIS[6]. En lo que a este texto se refiere, desde este momento, el trabajo de la cooperación internacional -incluyendo a numerosas ONG internacionales con sede en el país- se desplazó del eje sociedad civil independiente hacia el eje Estado – Sociedad civil alineada. La estrategia empleada fue la siguiente
Elaboración propia.
Bajo el nuevo contexto, un numeroso grupo de ONG (nacionales e internacionales) desplazaron los temas prioritarios del país anclados hasta entonces en la lectura de derechos humanos, pueblos indígenas y medio ambiente con líneas de acción muy públicas (promoción del debate público, realización de estudios e incidencia política); hacia otros de corte eminentemente asistencial y financiero (con predominio de los micro créditos) para lo que contaron con facilidades del gobierno[7]. En algunos casos, ONG internacionales de promoción de derechos, decidieron paralelamente cerrar sus programas de cooperación con sociedad civil en temas críticos (pueblos indígenas y extractivas) y consolidar nuevas alianzas con despachos gubernamentales[8].
El mensaje fue adaptarse o desaparecer. Es importante considerar que en este viraje, tuvo mucho que ver el contexto internacional de la cooperación oficial al desarrollo. Con la crisis financiera en Europa, la mayor parte de los donantes redujeron drásticamente los montos destinados a cooperación internacional. Si a eso se añade que trabajar en el país “incomodando” al gobierno ponía en mayor riesgo su permanencia, para muchas organizaciones la opción fue mantenerse a salvo resignando su rol independiente y pertinente al lado de las victimas de abusos de poder.
El resultado inicial fue la casi proscripción de los temas críticos en la agenda de la cooperación[9]. Como ejemplo, numerosas plataformas de solidaridad con las causas indígenas (DESC) quedaron huérfanas de apoyo; asimismo, vigorosas redes nacionales de promoción y defensa ambiental cerraron ante la falta de recursos. El efecto de este castigo financiero ha sido la censura y autocensura a trabajar en los campos de derechos humanos: una suerte de renuncia forzada.
En este sentido es posible identificar algunas tendencias nuevas en las relaciones entre organizaciones del norte y del sur. En algunas de ellas, la novedad consiste en la fuerza renovada que adquieren.
La primera tiene que ver con el retorno de la agenda “despolitizada”. Bajo la idea que la asistencia técnica en rubros como los servicios básicos en si mismos contribuyen a los derechos humanos, proliferan programas de acceso a agua potable y saneamiento. No es que este tipo de intervenciones sean perjudiciales en si mismas, sino que el enfoque de la intervención se limita al “acceso” (instalación de pozos, tomas o conexiones) de poblaciones empobrecidas, que son reducidas a “beneficiarias” sin mayor promoción de los derechos vinculados con la sostenibilidad y calidad del servicio al que de este modo pueden acceder. Bolivia es un país en el que el acceso al agua potable es escaso ya que la mayoría de las fuentes disponibles están contaminadas y las entidades prestadoras de servicios no tienen capacidad de potabilizar el agua[10]. Los programas de acceso, no resuelven más que una parte del problema que continúa siendo responsabilidad del Estado[11]. En estas intervenciones parecería haber un marcado retroceso respecto a la comprensión de la causa de la “injusticia hídrica” por el abandono que hacen de la exigibilidad del derecho al agua y del fortalecimiento de capacidades de “sujetos sociales transformadores”.
Otra preocupante tendencia es el fortalecimiento de los micro créditos y el emprendedurismo como líneas dominantes de varios donantes que las asumen como vías alternativas a la exigibilidad de derechos. En el caso del microcrédito, el crecimiento es muy notorio[12]. A través de estos esfuerzos, el sector de “ONG” dedicadas a este rubro ha experimentado un crecimiento desbordante. Entrecomillamos el denominativo de ONG porque éstas organizaciones están inscritas y reconocidas la legislación boliviana como entidades “sin fines de lucro”, pero sus propios balances financieros revelan cuantiosas ganancias. Tan solo una red de estas entidades presenta ganancias superiores a USD 10 millones mensuales[13]. El mayor problema de los microcréditos es precisamente que las ganancias se obtienen de intereses muy elevados, situación que empobrece aún más a sectores vulnerables como mujeres jefas de hogar[14].
En una dirección totalmente distinta, algunas ONG nacionales han emprendido renovados procesos de lucha por derechos. Sorteando un mar de obstáculos y acciones represivas, la lucha por los derechos humanos adquiere un sentido amplio y a la vez muy especifico en este contexto. En la Amazonía se han articulado importantes esfuerzos de investigación/documentación internacional acerca de las transformaciones en la vida de las comunidades locales (en espacial indígenas)[15]. Resultan muy importantes los esfuerzos realizados por el CEDIB para articular la denuncia sobre violaciones de derechos humanos por el extractivismo y los esfuerzos por construir espacios de articulación, formación e incidencia colectivos tanto a niveles locales, nacionales e internacionales.
Los esfuerzos transnacionales para denunciar a los actores que violan derechos humanos, sean estos una corporación específica[16], o grupos de empresas provenientes de un país como las mineras canadienses o empresas chinas[17], son esfuerzos notables de innovación y acción sur-norte y sur-sur. En otras línea se emprenden importantes esfuerzos para promover los derechos de la naturaleza[18] y las alternativas a los extractivismos[19].
Uno de los más notables esfuerzos de cooperación solidaria se da en el marco de la campaña global para desmantelar el poder corporativo[20]. En este marco convergen más de 200 organizaciones de diversos continentes que articulan sus esfuerzos nacionales y regionales para logar un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
Todos estos son esfuerzos notables, aunque aún minoritarios, de acción social transnacional en pro de los derechos humanos. Con ellos, la cooperación y la acción de las organizaciones en el norte y sur globales adquieren un sentido de pertinencia para con los desafíos que implican la crisis ambiental global y las inmensas asimetrías entre los pueblos y las corporaciones.
[1]Amparo Carvajal: “Me era más fácil trabajar en las dictaduras que ahora”. Nelson Peredo. Los Tiempos 02/03/2019. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20190302/amparo-carvajal-me-era-mas-facil-trabajar-dictaduras-que-ahora
[2]Denuncian ante la CIDH 72 casos de “amedrentamiento” a DDHH y ONG. Laura Maldonado. Página siete. 09/05/2019. https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/5/9/denuncian-ante-la-cidh-72-casos-de-amedrentamiento-ddhh-ong-217488.html
[3]Al menos 50 autoridades de gobierno trabajaron para las ONG. Página Siete 13/08/2015.
[4]Evo dice que ya no hay razón para las ONG porque se redujo la pobreza en el país. ABI. Página Siete. 20/08/2015. https://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/20/dice-razon-para-porque-redujo-pobreza-pais-67240.html
[5]Ley 351, Art 4.3. Definiciones.
[6] Gobierno expulsa de Bolivia a la ONG IBIS por injerencia política. Carlos Corz. La Razón 20/10/2013. http://www.la-razon.com/nacional/Gobierno-Bolivia-ONG-IBIS-injerencia_0_1964803571.html
[7]Siete ONG financieras tendrás licencias de operación. ANF, Página Siete. 10/09/2016. https://www.paginasiete.bo/economia/2016/9/10/siete-financieras-tendran-licencia-operacion-109318.html
[8]El caso emblemático de este cambio de eje es el de OXFAM internacional que financia al Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia. Un despacho desde el que realizaron numerosos ataques al trabajo de ONG de derechos humanos.
[9]Financieras y fundaciones vinculadas al Gobierno lideran ONG que lograron su personería. ANF. Jimena Mercado. Página Siete. 20/08/2015. https://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/20/financieras-fundaciones-vinculadas-gobierno-lideran-lograron-personeria-67239.html
[10]Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, sede de gobierno, se constata presencia elevada de metales pesados en el agua de consumo humanos. Veasé: Oscar Campanini & Marco Gandarillas. Minería y agua: supremacía extractivista y erosión de derechos. En revista bienal de la Cooperación Suiza en Bolivia. 2016.
[11]Sobre la problemática de la privatización de los servicios de agua en áreas urbanas y el rol de los pequeños prestadores véase. Escarley Torrico, Emergencia urbana: urbanización y libre mercado en Bolivia. CEDIB 2018.
[12]Asoban revela que el microcrédito es el rubro más destacado en la cartera crediticia. Money diario digital financiero. 07/06/2019. https://www.money.com.bo/~moneycq2/ecofinanzas/8207-asoban-revela-que-el-microcredito-es-el-rubro-mas-destacado-en-la-cartera-crediticia
[13] https://www.finrural.org.bo/archivos/info_financiera/2019/financiera_08_2019.pdf
[14]Para un análisis crítico del rol del microcrédito en Bolivia véase: Graciela Toro. La Pobreza un gran negocio: un análisis crítico sobre Oeneges, Microfinancieras y Banca. Mujeres Creando.
[15]Nos referimos a un esfuerzo de la Red Panamazónica REPAM para elaborar con la CIDH un informe sobre situación de pueblos indígenas en la Amazonía (2018-2019).
[16] http://observadoresglencore.com
[17]http://chinaambienteyderechos.lat
[18]http://naturerightswatch.com
[19]http://transiciones.org/alternativas-al-extractivismos-aportes/
[20]https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es
