Hace poco más de 20 años se impuso en El Salvador una de las legislaciones más duras y restrictivas del mundo en materia de aborto, eliminando las excepciones de responsabilidad penal que existían desde el siglo XIX. En paralelo, se introdujo en el artículo 1 de la Constitución de la República el enunciado que dice “el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción”. De la mano de estos cambios jurídicos se ha fomentado una cultura punitiva y de criminalización de las mujeres, con graves consecuencias para su vida, su salud y sus libertades.
Tu salud primero… siempre y cuando no tengas un embarazo de alto riesgo
Durante los últimos nueve años los gobiernos de izquierda han realizado una reforma de salud que ha permitido llevar servicios de sanidad pública a comunidades rurales que carecían de los mismos, la creación de los ECOS (Equipos Comunitarios de Salud) ha sido el principal vehículo para esta ampliación de cobertura. Se han incre-mentado campañas preventivas de salud fortaleciendo el principio de que la población tiene derecho a la salud.
Sin embargo, cuando las mujeres, espe-cialmente las que viven en situación de pobreza, enfrentan un embarazo de alto riesgo, donde el proceso de gestación amenaza su salud y su vida, el enfoque de prevención basado en el menor daño cambia radicalmente, allí ellas y su salud pasan a un segundo plano, pues las políticas y prácticas asumen una perspectiva de pro nacimiento. No importa si su vida está amenazada o si son previsibles secuelas y graves padeci-mientos de morbilidad materna.
El absurdo llega a niveles de no atender adecuadamente emergencias clínicas como los embarazos ectópicos (fuera del útero), pues mientras aún exista latido fetal, el personal médico espera a que éste se interrumpa para realizar la intervención quirúrgica. Lo mismo El Salvador, el lugar donde las mujeres no pueden desear su derecho a decidirocurre ante embarazos con malfor-mación congénita incompatible con la vida extra uterina, tales como los embarazos anencefálicos, que ya se sabe que no tienen posibilidades de sobrevida después del parto. Debido a la legislación y al temor a ser denunci-ados, los médicos y médicas se niegan a interrumpir. No importa el daño que la prolongación del embarazo pueda causar en la mujer, ellas han pasado a un segundo plano.
Esta fue la historia de Beatriz
Vivía en una comunidad rural, tenía 22 años y un hijo que hacía un año había nacido prematuro y con muchas dificul-tades de salud. Después del primer parto no se esterilizó, porque aunque padecía de Artritis Reumatoide con traslape a Lupus Eritematoso Sistémico más nefritis lupica (albuminuria), quería ser madre y temía que su primer niño no sobreviviera.
Su segundo embarazo se presentó con complicaciones, agudizando sus problemas de salud. Los médicos le explicaron el nulo pronóstico de sobre-vida de su hijo ya que era anencefálico. También las complicaciones previsibles en su embarazo, tomando en cuenta las enfermedades de base que padecía y los antecedentes de complicaciones en embarazo anterior. En ese momento Beatriz solicitó interrumpir su emba-razo. Los médicos dijeron que legal-mente no estaba permitido en el país y que si procedían, ella y ellos podían ser enjuiciados.
Aferrándose a su deseo de “quiero vivir” Beatriz se encuentra con organizaciones feministas con quienes establece un acuerdo de representación para buscar una autorización legal que permitiera la realización de la interrupción de su embarazo. Con este acuerdo se buscó que los médicos pudieran realizar el procedimiento. Ante su negativa, se presentó un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia. La indife-rencia y falta de respuesta institucional obligó a las organizaciones a una fuerte movilización social. Por otro lado, se abrió un escrutinio público donde la gente opinaba – con conocimientos o no de las circunstancias concretas – si los médicos debían realizar la interrupción del embarazo.
Varias semanas transcurrieron, titu-lares de los principales periódicos con voces antiderechos le decían “Beatriz no lo mates, puede tener tus ojos” mientras la angustia de Beatriz crecía y recibía llamadas de personas que se dicen “provida” que le ofrecían regalías, como llevarla a un hospital privado o dar trabajo a su esposo, si ella desistía de su petición. Su firmeza fue inclinando la balanza social a su favor, la mayoría de la gente pensaba que el Estado debía realizarle la interrupción del embarazo.
La Corte de Justicia negó el recurso de Amparo con el argumento que Beatriz no estaba en riesgo inminente de muerte. Por su parte y por la desesperación ante la falta de respuesta positiva, las organizaciones recurrieron a instancias de justicia internacional. Finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares y provisionales a Beatriz, generando las condiciones legales para que el personal médico pudiera realizar la interrupción del embarazo. Beatriz recibió muchas manifestaciones de solidaridad nacional e internacional. Por su petición simple y sencilla, “quiero vivir”, porque era un deseo y un derecho negado.
Durante 81 días de espera, muchos de sus derechos fueron violados causándole un enorme sufrimiento y secuelas de salud que nunca logró superar. Decidió demandar al Estado salvadoreño ante las instancias del Sistema Interameri-cano de Justicia. Beatriz murió hace casi un año, pocos días después que su caso había sido admitido por la CIDH. No logró saber que su proceso había avanzado, pero expresó que no quería que otras mujeres pasaran por lo que ella había vivido. Lamentablemente la experiencia de Beatriz no es la única que ha existido en El Salvador, aunque posiblemente hasta hoy sea la más conocida. Esta es una realidad que amenaza a todas las salvadoreñas en edad repro-ductiva que pueden enfrentar un emba-razo de riesgo que amenace su salud y su vida, pero sobre todo a las que no pueden pagar un viaje fuera del país o un procedimiento caro y discreto en una clínica privada. Para ellas, en estas circunstancias, no existe el derecho que dice “La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restableci-miento” 1
La niñez primero… siempre y cuando no sean niñas y adoles-centes embarazadas
Otra cara de la negación de derechos que implica la cultura asociada a la legislación sobre aborto es la falta de alternativas que la sociedad y el Estado salvadoreño imponen a las niñas y adolescentes embarazadas como resul-tado de la violencia sexual. Una vez están embarazadas, el único camino que tienen es la continuidad del emba-razo, sus proyectos de vida quedan trun-cados, son puestos a un lado y pasan a ser tratadas como nuevas madres que tienen la responsabilidad de aprender a cuidar.
Se supone que El Salvador tiene ahora una legislación moderna que protege a las niñas, niños y adolescentes, se llama LEPINA (Ley de protección Morena Herreraintegral de la niñez y la adolescencia) y aunque muchas de las responsabili-dades institucionales que esta ley exige no se cumplen, sí ha sido difundida, incluyendo las 7 veces que menciona que la protección debe ejercerse “desde el instante de la concepción”.
En El Salvador no es raro ver niñas embarazadas, los registros sanitarios de control prenatal hablan de niñas de 9, 10 y 11 años embarazadas y atendidas por parto, a veces son pareja de hombres mayores. Las estadísticas señalan que alrededor de 1500 niñas entre 9 y 14 años son embarazadas cada año, que cerca del 30% del total de partos son de niñas y adolescentes. Se habla de violaciones de integrantes de maras y pandillas. Pese a esta gravedad del problema, la Asamblea Legislativa se ha negado a discutir dos propuestas de Ley que proponen despenalizar el aborto en los casos de niñas y adolescentes emba-razadas.
Esta situación tiene una consecuencia aún más grave: el incremento de suici-dios de adolescentes embarazadas. “No es accidente, es una intoxicación auto infringida”, explicaba una médica que hablaba de muerte materna, “las chicas ante embarazos impuestos, no se matan con arma de fuego o arma blanca, se envenenan”. En la actualidad ésta es la primera causa de muerte materna en adolescentes.
No importa lo que pasó… sí parece que abortó, es una criminal
La penalización del aborto genera una cultura que criminaliza a las mujeres. Esto no es exclusivo de El Salvador, todos los países que incluyen el aborto como delito en sus códigos penales enfrentan esta tendencia. Lo que sí es bastante excepcional en el sistema judi-cial salvadoreño, es que mujeres que no han hecho nada para interrumpir su embarazo, pero que enfrentan complicaciones obstétricas en etapas avanz-adas de su proceso de gestación o que tienen partos precipitados extra hospi-talarios en los que ha muerto la criatura recién nacida, y que acuden a los hospi-tales públicos con fuertes hemorragias, sean acusadas inicialmente de aborto y después condenadas por homicidio agravado, imponiéndoles penas de 30 y hasta 40 años de cárcel.
Si bien esto está pasando desde que cambió la ley sobre aborto en 1998, fue hasta el 2009 que se logró la revisión de sentencia, la libertad y el reconoci-miento de un error judicial a una mujer que estaba condenada a 30 años de cárcel, que se empezó a reconocer como un problema que refleja una forma de violación sistemática de derechos de mujeres en estas circunstancias.
La campaña “Una flor por Las 17, no dejemos que sus vidas se marchiten” 2 que en 2014 pedía la libertad mediante el recurso de indulto para 17 mujeres que compartían la realidad de sentencias de 30 y más años de cárcel, permitió poner en evidencia la flagrante violación de derechos procesales que han vivido mujeres a quienes inicialmente se acusa de aborto, son trasladadas directamente del hospital a la cárcel y muchas veces no comprenden que fue lo que les pasó. No comprenden que nunca tuvieron el derecho a la presunción de inocencia, pues desde que fueron consideradas “sospechosas de aborto”, en la práctica ya estaban condenadas.
Más de 20 mujeres han recuperado su libertad, resultado de las luchas soci-ales y diversas estrategias jurídicas impulsadas por las organizaciones. Pero casi un número similar todavía está en la cárcel y algunas en proceso de ser condenadas. Sigue habiendo denuncias en los hospitales públicos, pues aunque se ha conformado una organización de médicos y médicas a favor de la vida y la salud de las mujeres 3, aún hay personal sanitario que continua violando el secreto profesional y a veces por miedo, denuncia a sus pacientes.
Imelda Palacios se llama una chica que enfrenta actualmente un proceso de criminalización de este tipo. Su hija no murió, quedo viva después de un parto en la fosa séptica de su vivienda en una comunidad rural. La niña fue rescatada, está bien y es cuidada por su abuela materna. Imelda llego al hospital sang-rando y con anemia. No sabía que estaba embarazada, tenía 18 años entonces. Era estudiante y parecía muy silenciosa. Poco tiempo después dijo había sido abusada por su padrastro desde los 12 años, que él le amenazaba para que no lo dijera. Pese a que se comprobó que el embarazo era producto de violación del padrastro, el juez y todo el aparato judi-cial se niegan a reconocer que los silen-cios de Imelda estaban determinados por el miedo y su víctimización. Así transcurre la criminalización de las mujeres en este país, sólo las luchas sociales y la solidaridad internacional van a lograr cambiar esta cultura y esta legislación que niega tanto a las mujeres.Mientras tanto, Imelda, como otras salvadoreñas, no pueden desear, no tienen derecho a decidir!
Referencias:
- Artículo 65 de la Constitución de la República de El Salvador./
- La campaña nombrada ahora “LAS 17 Y MÁS” ha sido impulsada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico en El Salvador, y ha sido apoyada por numerosas organizaciones soci-ales nacionales e internacionales, incluyendo a Amnistía Internacional y a CEJIL. /
- En 2017 se fundó la Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres/
