Elizabeth Peredo Beltrán – En Abril de 2010 más de 30.000 activistas, movimientos sociales, pensadores y personalidades de varios países se reunían en Bolivia en un histórico evento para tratar la emergencia del cambio climático y debatir propuestas para detener la maquinaria de destrucción del capitalismo neoliberal. Era la primera Conferencia Mundial de los Derechos de la Madre Tierra y Cambio Climático que se desarrollaba en un clima de gran esperanza en el proceso social iniciado en ese país.
Dio como resultado una inspiradora Declaración de los Derechos de la Naturaleza[1]y sentó las bases para un Tribunal Etico que sancionara a los países y las empresas que atenten contra la naturaleza, los pueblos indígenas y la humanidad. Una iniciativa que se proyectaba hacia un cambio de paradigma para una nueva “jurisprudencia de la tierra”, como habría imaginado Thomas Berry, para superar el androcentrismo dominante de la civilización capitalista.
El gran logro no tardaría en encontrar obstáculos al interior del propio proceso político boliviano. El quiebre mas dramático y explícito del gobierno de Morales con los principios de cambio social anticapitalista fue su decisión de construir una carretera que cruzaría el corazón del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure). Sin duda, un punto de inflexión que puso en tela de juicio el propio proceso de cambio, los derechos indígenas y los derechos de la Naturaleza que Morales enarbola como carta de presentación en foros internacionales como las NNUU o el ALBA.
El TIPNIS, uno de los territorios mas hermosos y megadiversos de América del Sur, es el mayor reservorio de agua de la región; un territorio de 1.225.347 hectáreas con mesetas amazónicas, Yungas sub andinos y zonas conservadas de piedemonte. Fue declarado Parque Nacional en 1965 mediante un Decreto Ley (Nº 7401); y en 1990, gracias a la Primera Marcha por Territorio y Dignidad Indígena[2], fue declarado también “Territorio Indígena” de los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chimán. En 2009, tras años de lucha y movilizaciones, éstos obtuvieron los títulos legales sobre 1.091.656 hectáreas, habiendo “cedido” parte de su integridad territorial a los asentamientos de cocaleros en el llamado “Polígono 7” (ubicado al Sur del Parque) que hoy por hoy es la zona de producción de coca –de la que el Presidente Morales es representante vitalicio-.
Aunque la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y derechos de la Madre Tierra había abierto una profunda reflexión sobre el cuidado del planeta, la construcción de esta carretera, ya estaba avanzando desde 2008. El proyecto contaba con un contrato con la Constructora brasilera OAS y el financiamiento del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil). Sería la renuncia de un Vice Ministro la que develaría el conflicto acallado en el gobierno; Juan P. Ramos, Viceministro de Medio Ambiente, renunciaba en Julio de 2010 negándose a firmar la ficha ambiental para la construcción de la carretera.
La Octava Marcha Indígena de 2011
En Septiembre de 2011, a poco mas de un año de la Cumbre, la 8va Marcha Indígena de Tierras Bajas llegaba a la ciudad de La Paz para demandar que se detenga la construcción de la carretera, denunciar la decisión inconsulta y arbitraria que había hecho el gobierno por encima del Convenio 189 de la OIT y protestar por la cruel represión que habían recibido en Chaparina, donde fueron perseguidos, detenidos y maniatados, incluidas mujeres y niños, para impedir que sigan su marcha a la sede de gobierno.
Miles de personas se concentraron en las calles para recibir y dar solidaridad a los marchistas con un mensaje contundente al gobierno que obligó a Morales a negociar con los dirigentes de la 8va Marcha Indígena por el TIPNIS y aprobar una Ley (Ley 108) de protección al territorio[3]; una “Ley Corta” de 5 artículos que contenía la prohibición de la construcción de obras que afecten al parque: “Se dispone que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, NO atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS”. Parecía que los indígenas del TIPNIS habían ganado.
Meses mas tarde, el propio gobierno alentó una marcha de sindicatos y colonos campesinos y cocaleros del Polígono7 para cuestionar el concepto de “intangibilidad” en la Ley 108 y promover una nueva norma que desconocía la pactada con la Marcha Indígena: La Ley 222 de Consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS para viabilizar la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos como “necesidad del desarrollo”. García Linera argumentaba: “¿Qué significa intangibilidad? Que usted no puede sacar una hoja. Eso es intangibilidad. Que usted no puede levantar una rama. Que usted no puede tocar nada. Es decir, no puede hacer una escuela. No puede perforar para agua potable. Eso es intangibilidad”, tergiversando el concepto para forzar un rechazo al acuerdo con los indígenas del TIPNIS. La consulta “ex post” avaló la construcción de la carretera y una nueva Ley 696 legalizaba la construcción de la carretera.
Durante los años posteriores a la 8va Marcha y la traición del gobierno de Morales a los acuerdos firmados con los indígenas, un sistemático control estatal a las voces críticas de la sociedad civil ante el cada vez más abierto modelo extractivista en el país buscaron acallar el cuestionamiento a la carretera y al modelo de desarrollo, donde parques nacionales, territorios, selvas y ríos, así como comunidades se ven amenazadas con proyectos petroleros, mega represas y minería salvaje.
Lo cierto es que los retos que la sociedad boliviana se había planteado con el ideal del “Vivir Bien” y de los “Derechos de la Madre Tierra” se desvanecían en un escenario del “desarrollo” autoritario concebido para emular a las grandes potencias que -según Morales- construyen infraestructuras sin destruir los bosques: “Algunos dicen que no se puede abrir camino por el Parque Nacional Isiboro Sécure; que yo sepa, casi en todo el mundo los caminos y ferrocarriles pasan por parques nacionales, pero bien blindados para que ahí no haya ningún asentamiento”. Para él “la defensa de la Naturaleza es una agenda “imperialista de USAID” que “se opone a la construcción de la carretera del desarrollo y la integración nacional”.
Las voces de la selva llegan al Tribunal
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, resultante de las decisiones de la Cumbre de los Derechos de la Madre Tierra de 2010, se mantuvo por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GRAN) una “red de organizaciones e individuos comprometidos con la adopción e implementación universal de sistemas legales que reconozcan, respeten e impulsen los Derechos de la Naturaleza” https://therightsofnature.org/tribunal-internacional-derechos-de-la-naturaleza/. Está formado por destacadas personalidades, luchadores sociales y científicos de reconocida autoridad como Vandana Shiva (India), Tom Goldthoot (USA), Blanca Chancoso (Ecuador), Pino Solanas (Congresista Argentino), Nnimmo Bassey (Nigeria) y varios otros.[4]
El Tribunal, que ha tratado y considerado casos como el del Parque Nacional Yasuní en Ecuador, el de Chevron – Texaco por el tema del petróleo en Ecuador, el caso del derrame de BP en el Golfo de México/EE.UU y varios otros,recibió a representantes de la Sub Central de pueblos indígenas del TIPNIS y de la Subcentral de mujeres del TIPNIS en Bonn en Noviembre de 2017 para escuchar su denuncia. En Agosto de 2018, habiendo aceptado el caso, una Comisión integrada por Alberto Acosta (Ecuador), Enrique Viale (Argentina) y Shanon Biggs (USA), realizó una Misión a Bolivia para visitar el territorio y reunirse con organizaciones y gobierno.
La Comisión logró reunirse con los pueblos representados por la Subcentral del TIPNIS y la Subcentral de la Mujeres del TIPNIS en Trinidadcito en la región Norte. Pero cuando intentó llegar al Polígono 7 de los asentamientos cocaleros fueron retenidos contra su voluntad por mas de 6 horas por los sindicatos que les impidieron llegar a la zona cocalera. Aunque tuvieron algunas reuniones con las autoridades, el Gobierno eludió responder al cuestionario que el Tribunal.
La Sentencia de la Comisión
El informe de la Comisión y la Sentencia (https://therightsofnature.org/wp-content/uploads/2019/05/Sentencia-TIPNIS-Espanol-1.pdf) se basa en evidencias sobre los impactos devastadores de la carretera que podrían terminar en pocas décadas con más del 60% del bosque y la pérdida irreparable de la biodiversidad en ese territorio: “Esto podría significar la pérdida del 64,5% del bosque en 18 años, aproximadamente 610.848 hectáreas de selva serían desboscadas que son el hábitat de miles de especies de animales”.Señala que actualmente, ya se han dispuesto de bloques de territorio comprometidos para explotación petrolera que abarcan casi el 35% del parque.[5]La sentencia apunta al fenómeno de la deforestación en el Polígono 7 (asentamiento cocalero) y señala la falta de una consulta previa libre e informada acorde con los procedimientos legales del Convenio 189 de la OIT y hace referencia a la clara contradicción con la normativa para la defensa de los derechos de la Madre Tierra, los derechos indígenas y territoriales en el Estado Plurinacional de Bolivia. (Ver la Sentencia[6])
En la sentencia de reparación que hizo el Tribunal al Gobierno boliviano se destacan:
- La paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial en el denominado Tramo II desde Isinuta a Monte Grande al interior del TIPNIS
- El reconocimiento del derecho territorial y autonomía del área de las ex concesiones forestales de Bosque de Chimanes a favor del Territorio Indígena Multiétnico para garantizar el control y la gestión de la zona norte del TIPNIS
- La adopción de medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia la zona núcleo del TIPNIS
- La anulación de los planes de expansión petrolera en el TIPNIS
- La identificación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos en el año 2011 en Chaparina
- El reconocimiento de responsabilidad estatal en la falta de justicia y las disculpas públicas por parte del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
- La puesta en vigencia de la Defensoría de la Madre Tierra que a nueve años de su creación por la Ley Nº 71 aún no entra en funcionamiento
- El cese de toda presión para disciplinar y controlar a las organizaciones que defienden a la Madre Tierra y la otorgación de plenas garantías para que cumplan con esta labor fundamental para la reproducción de la vida en la Tierra.
Fuente: Sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza
Esta Sentencia fue entregada al Gobierno el 16 de Mayo de 2019. El mismo que oficialmente no ha dado respuesta, mientras que algunos de sus representantes han declarado que “no se trata de una Sentencia vinculante” subestimando el profundo valor ético y social de su contenido. En palabras de Maria Nela Paco, ex Ministra de Comunicación del gobierno del MAS, la “Madre Tierra es como una madre, como mujer y al mismo tiempo se sacrifica alimentando a esa humanidad”.
La Sentencia firmada por 64 jueces del Tribunal tiene un valor ético indiscutible sobre el caso TIPNIS; más aún con un Estado que dice defender los derechos de la Madre Tierra. El trabajo del Tribunal ha sido riguroso y constituye una evidencia muy clara sobre la realidad y la dinámica de la pérdida de bosque y biodiversidad en el Parque Isiboro Sécure .
El Tribunal expresa el deseo colectivo de cambiar el paradigma dominante que cosifica la naturaleza para sobreexplotarla destruyendo no solo la base vital de la vida social y de la vida natural, sino la biodiversidad y los ecosistemas creados en millones de años que constituyen la base de la vida en el planeta. Pone en la mesa la necesidad de “construir” una coherencia entre “lo que se dice y lo que se hace” como un acto político trascendental para aportar a un horizonte civilizatorio que restaure los equilibrios con la naturaleza y la vida. Es una iniciativa que muestra cómo la sociedad civil puede crear redes, procedimientos, visiones y prácticas de una nueva humanidad dispuesta a crear una nueva ética y una nueva jurisprudencia en la Tierra.
Fuentes:
[1]Declaración de los derechos de la Naturaleza: https://cmpcc.wordpress.com/derechos-madre-tierra/
[2]Las Marchas por Territorio y Dignidad de los pueblos indígenas de las tierras bajas son un proceso de resistencia anti-neoliberal y anti colonial emblemático (http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/eds/n1/n1a05.pdf). Se sucedieron entre 1990 y 2014 convirtiéndose en movilizaciones que marcaron temas cruciales para una agenda política nacional por los derechos indígenas y en defensa del territorio, y por plantear en el año 2000 precisamente la necesidad de una Constituyente.
[3]https://somossur.net/economia/no-a-la-carretera-por-el-tipnis/803-proyectos-de-ley-para-la-suspencion-de-la-carretera-por-el-tipnis.html
[4]El Tribunal sigue varios casos en varios países y cuenta con los criterios y deliberaciones de un equipo selecto de activistas, premios nóbel alternativos, científicos y científicas que analizan los casos https://therightsofnature.org/tribunal-internacional-derechos-de-la-naturaleza/ Los firmantes de la Sentencia sobre el caso TIPNIS han sido 26 y la lista se encuentra en: https://tipnisbolivia.org/2019/05/15/tribunal-internacional-por-los-derechos-de-la-naturaleza-emite-sentencia-por-el-caso-tipnis/
[5]23. “Al interior del TIPNIS, el Estado Boliviano, a través de diferentes disposiciones legales, ha venido estableciendo bloques de exploración y explotación petrolera (Sécure 19, Sécure 20, Chispani y Río Hondo) que comprometen aproximadamente el 35%del Parque Nacional y Territorio Indígena, y que incluso se sobreponen a su Zona Núcleo. Si bien en la actualidad no se evidencia actividad hidrocarburífera es claro que existe una voluntad expansionista en la exploración y explotación hidrocarburifera hacia áreas protegidas como el TIPNIS.”
[6]Ver: Sentencia del Tribunal https://tipnisbolivia.org/2019/05/15/vea-la-lectura-de-la-sentencia-del-tribunal-por-los-derechos-de-la-naturaleza-contra-el-estado-boliviano/?fbclid=IwAR0R4UUM7Ec609mb3SOI2mmtawJ5ex_IYXpYNzqRym0cQ_5_ujDCuGH1chQ
